La metodología BIM y la contratación pública en España
El presente artículo, redactado por Sara González Iglesias para el libro “Observatorio de los Contratos Públicos de 2023”, tiene como objetivo principal abordar las posibles formas de integrar los requisitos de la metodología basada en Building Information Modeling (BIM) en los documentos de un procedimiento de licitación. El propósito central del artículo es exponer las diversas formas en que los requisitos BIM pueden incorporarse en los documentos de licitación, analizando cómo el uso de esta metodología de trabajo colaborativa se ha intensificado en el sector de la construcción en España y Europa.
El análisis detalla los distintos mecanismos para incorporar BIM en los contratos públicos, abarcando desde la definición de objetivos y usos BIM en los pliegos técnicos hasta su aplicación como requisitos de solvencia o criterios de adjudicación. Además, se analizan diversos pronunciamientos de varios órganos de recurso especial en materia de contratación que han analizado su inclusión en diversas licitaciones.
Más información: enlace al libro
En este artículo te explicamos cómo se integra la metodología BIM en los contratos públicos, qué papel desempeña en los pliegos de licitación y por qué se ha convertido en un requisito estratégico en España y en toda Europa.
Casos y resoluciones sobre el uso de BIM en licitaciones
Diversos órganos de recurso especial en materia de contratación han analizado la inclusión de requisitos BIM en licitaciones públicas.
En general, sus resoluciones avalan la legalidad de exigir o valorar el uso de BIM, siempre que se justifique su vinculación con el objeto del contrato y se respete el principio de proporcionalidad.
Estos pronunciamientos consolidan la tendencia: BIM ha llegado para quedarse en la contratación pública y su implementación seguirá extendiéndose en los próximos años.
Conclusión: BIM como herramienta de transparencia e innovación
La adopción del BIM en la contratación pública no es una moda, sino un paso natural hacia una gestión más eficiente, colaborativa y transparente de los recursos públicos.
Incorporarlo en licitaciones y contratos permite reducir costes, anticipar incidencias y mejorar la sostenibilidad de los proyectos.
Dominar esta metodología no solo facilita el cumplimiento de los nuevos requisitos administrativos, sino que posiciona a las empresas como socios estratégicos e innovadores ante las Administraciones.
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